El TJUE aclara el plazo de prescripción para reclamar los gastos hipotecarios

Tabla de Contenido

Introducción

El pasado 25 de enero de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una importante sentencia sobre las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario, en respuesta a cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Barcelona.

En esta entrada de blog, vamos a analizar los aspectos más relevantes de esta sentencia, sus consecuencias e implicaciones para los consumidores y los profesionales del sector bancario.

 

¿Qué son las cláusulas abusivas y qué normativa las regula?

Las cláusulas abusivas son aquellas estipulaciones que se incluyen en los contratos celebrados con consumidores sin haber sido negociadas individualmente con ellos, y que causan un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor.

Estas cláusulas son nulas de pleno derecho y no vinculan al consumidor, según el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).

La normativa que regula las cláusulas abusivas en la Unión Europea es la Directiva 93/13/CEE, que tiene como objetivo proteger a los consumidores de las condiciones injustas que puedan figurar en los contratos tipo de los bienes y servicios que compran. Esta Directiva se transpuso al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, y el TRLGDCU.

La Directiva 93/13/CEE establece una serie de criterios para determinar el carácter abusivo de una cláusula, como la buena fe, el equilibrio, la transparencia, la naturaleza de los bienes y servicios, y las circunstancias de la celebración del contrato. Además, contiene un anexo con una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser consideradas abusivas, entre las que se encuentran las que imponen al consumidor el pago de gastos que, por su naturaleza, deberían correr a cargo del profesional.

 

¿Qué ha dicho el TJUE sobre los gastos hipotecarios y el plazo de prescripción?

Los gastos hipotecarios son aquellos que se derivan de la formalización de un contrato de préstamo hipotecario, como los de notaría, registro, gestoría, tasación, impuestos, etc.

Estos gastos suelen ser asumidos íntegramente por el consumidor, en virtud de una cláusula que se incluye en el contrato sin haber sido negociada individualmente con él.

Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró en su sentencia de 23 de diciembre de 2015 que esta cláusula era abusiva, al no existir una distribución equitativa de los gastos entre el consumidor y el profesional, y que, por tanto, el consumidor tenía derecho a reclamar la devolución de los gastos que había pagado indebidamente.

Esta sentencia dio lugar a una avalancha de reclamaciones por parte de los consumidores afectados, que se encontraron con la oposición de las entidades bancarias, que alegaban que las acciones restitutorias habían prescrito, es decir, que habían transcurrido más de diez años desde que se pagaron los gastos, que es el plazo que establece el artículo 1964 del Código Civil para las acciones personales que no tengan plazo especial.

Ante esta situación, la Audiencia Provincial de Barcelona planteó al TJUE cuatro cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva 93/13/CEE en relación con el plazo de prescripción y el conocimiento del consumidor sobre el carácter abusivo de la cláusula y sus derechos.

El TJUE, en su sentencia de 25 de enero de 2024, ha resuelto estas cuestiones de la siguiente manera:

  • El plazo de prescripción de diez años solo puede aplicarse si el consumidor pudo conocer sus derechos antes de que dicho plazo empezase a correr o expirase. En caso contrario, el plazo de prescripción no puede empezar a correr antes de que el consumidor tenga conocimiento efectivo del carácter abusivo de la cláusula y de los derechos que le confiere la Directiva 93/13/CEE.
  • El conocimiento efectivo del consumidor no puede depender de la existencia de una jurisprudencia nacional consolidada sobre la nulidad de cláusulas similares, ya que no se puede presumir que el consumidor tenga conocimiento de tal jurisprudencia. Además, el consumidor debe tener tiempo suficiente para preparar e interponer efectivamente un recurso con el fin de invocar sus derechos.
  • El sistema de protección de la Directiva 93/13/CEE se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en particular en cuanto al nivel de información, situación que lo lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas. Por ello, se espera que las entidades bancarias conozcan la jurisprudencia nacional y actúen en consecuencia, mientras que no se puede exigir lo mismo a los consumidores.

 

¿Qué consecuencias e implicaciones tiene esta sentencia?

La sentencia del TJUE supone un importante respaldo a los derechos de los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario, y una limitación a las posibilidades de defensa de las entidades bancarias.

Por un lado, la sentencia del TJUE amplía el plazo para reclamar los gastos hipotecarios, al establecer que el plazo de prescripción no puede empezar a correr antes de que el consumidor tenga conocimiento efectivo del carácter abusivo de la cláusula y de los derechos que le confiere la Directiva 93/13/CEE. Esto implica que los consumidores que pagaron los gastos hipotecarios hace más de diez años pueden seguir reclamando su devolución, siempre que puedan demostrar que no conocían el carácter abusivo de la cláusula ni sus derechos al respecto.

Por otro lado, la sentencia del TJUE aclara el concepto de conocimiento efectivo del consumidor, al señalar que no puede depender de la existencia de una jurisprudencia nacional consolidada sobre la nulidad de cláusulas similares, ya que no se puede presumir que el consumidor tenga conocimiento de tal jurisprudencia. Además, el consumidor debe tener tiempo suficiente para preparar e interponer efectivamente un recurso con el fin de invocar sus derechos. Esto implica que las entidades bancarias no pueden basar su defensa en el simple transcurso del tiempo desde el pago de los gastos, sino que deben probar que el consumidor tenía conocimiento de que las cláusulas eran abusivas y de sus derechos a reclamar.

En definitiva, la sentencia del TJUE refuerza la protección efectiva de los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario, y les facilita el ejercicio de sus acciones restitutorias. Asimismo, la sentencia del TJUE obliga a las entidades bancarias a revisar sus prácticas contractuales y a adaptarse a la normativa y la jurisprudencia europeas sobre las cláusulas abusivas.

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