El Tribunal Constitucional reconoce el derecho a la imposición de las costas a la entidad financiera que promovió un procedimiento de ejecución hipotecaria basado en una cláusula abusiva

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Introducción

En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo a unos consumidores que solicitaron la nulidad de varias resoluciones judiciales que les negaron la imposición de las costas a la entidad financiera que promovió un procedimiento de ejecución hipotecaria contra ellos, tras declararse abusiva y nula la cláusula de vencimiento anticipado del contrato de préstamo.

El Tribunal Constitucional considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes, al no aplicarse el principio de vencimiento objetivo en materia de costas, lo que supone un obstáculo al ejercicio de su derecho a la defensa frente a las cláusulas abusivas y una infracción del principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea.

 

Los hechos del caso

Los demandantes de amparo suscribieron un contrato de préstamo hipotecario con Bancopopular-e, S.A., que declaró resuelto por impago de una cuota y presentó una demanda de ejecución hipotecaria.

Los demandantes se opusieron al procedimiento alegando diversas cuestiones, entre ellas el carácter abusivo de algunas cláusulas contractuales. El juzgado de primera instancia declaró de oficio la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y sobreseyó el procedimiento, pero no impuso las costas a la entidad financiera, al entender que no había mala fe ni temeridad por su parte.

La audiencia provincial confirmó esta decisión en apelación, al considerar que la entidad financiera actuó conforme a la jurisprudencia vigente en el momento de interponer la demanda y que no se podía aplicar retroactivamente la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado.

Los demandantes de amparo recurrieron al Tribunal Constitucional, alegando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) y a la igualdad en la aplicación de la norma y a la igualdad de armas procesales (art. 14 CE).

 

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo y ha declarado la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas, al considerar que han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes en su vertiente de acceso a la jurisdicción, al generar un efecto disuasorio inverso que penaliza al consumidor por defenderse de la cláusula abusiva.

El Tribunal Constitucional recuerda que el principio de vencimiento objetivo en materia de costas, que implica que la parte que pierde el proceso debe pagar las costas de la parte que gana, tiene una doble finalidad: por un lado, evitar que se planteen demandas o recursos infundados o temerarios, y por otro lado, compensar a la parte que ha visto reconocido su derecho los gastos que le ha supuesto el proceso.

Este principio, que está recogido en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, que implica el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho que ponga fin al litigio.

El Tribunal Constitucional señala que la aplicación del principio de vencimiento objetivo en materia de costas no es absoluta, sino que puede ser matizada por el juez en función de las circunstancias del caso, siempre que se motive debidamente la decisión. Sin embargo, el Tribunal Constitucional advierte que la excepción al principio de vencimiento objetivo no puede convertirse en la regla general, ni puede suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la parte que ha visto reconocido su derecho.

En el caso concreto, el Tribunal Constitucional considera que la decisión de no imponer las costas a la entidad financiera que promovió un procedimiento de ejecución hipotecaria basado en una cláusula abusiva no está suficientemente motivada, ni se ajusta a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal Constitucional recuerda que el Derecho de la Unión Europea impone a los Estados miembros la obligación de garantizar la efectividad de la protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas, lo que implica que los órganos judiciales nacionales deben adoptar todas las medidas necesarias para impedir que el consumidor quede vinculado por una cláusula abusiva, así como para disuadir al profesional de utilizar dichas cláusulas.

El Tribunal Constitucional cita la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2020, asunto C-224/19 (caso Gómez del Moral Guasch), que estableció que el Derecho de la Unión Europea se opone a una normativa nacional que permite al juez nacional dejar sin imponer las costas procesales al profesional que ha utilizado una cláusula abusiva, cuando el consumidor ha obtenido la nulidad de dicha cláusula y el sobreseimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que esta normativa nacional genera un efecto disuasorio inverso, que desincentiva al consumidor de defenderse de la cláusula abusiva y favorece al profesional que la ha utilizado.

El Tribunal Constitucional aplica esta doctrina al caso y concluye que la decisión de no imponer las costas a la entidad financiera que promovió el procedimiento de ejecución hipotecaria basado en una cláusula abusiva vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes de amparo, al no reconocerles el derecho a ser resarcidos de los gastos que les ha supuesto el proceso, y al no disuadir a la entidad financiera de utilizar cláusulas abusivas. El Tribunal Constitucional rechaza el argumento de que la entidad financiera actuó conforme a la jurisprudencia vigente en el momento de interponer la demanda, al considerar que la cláusula de vencimiento anticipado ya había sido declarada abusiva por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2013, y que la entidad financiera debía conocer el carácter abusivo de la cláusula que había introducido en el contrato.

 

Las consecuencias de la sentencia

La sentencia del Tribunal Constitucional tiene una gran trascendencia para los consumidores que se enfrentan a procedimientos de ejecución hipotecaria basados en cláusulas abusivas, ya que les reconoce el derecho a que se les impongan las costas a la entidad financiera que ha utilizado dichas cláusulas, lo que supone una compensación por los gastos que les ha ocasionado el proceso y una garantía de que se respeta el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea.

Esta sentencia también supone un aviso a las entidades financieras que utilizan cláusulas abusivas en sus contratos con los consumidores, ya que les advierte de que tendrán que asumir las consecuencias económicas de su conducta, lo que debería disuadirles de seguir empleando dichas cláusulas.

Desde Solvendi Abogados, estamos especializados en la defensa de los derechos de los consumidores frente a las cláusulas abusivas de las entidades financieras. Si usted se encuentra en una situación similar a la de los demandantes de amparo, no dude en contactar con nosotros.

Le ofreceremos un asesoramiento personalizado y profesional, y le ayudaremos a obtener la nulidad de la cláusula abusiva y el sobreseimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria, así como la imposición de las costas a la entidad financiera que ha promovido el procedimiento de ejecución hipotecaria. Estaremos encantados de atenderte y defender sus intereses.

 

¿Qué implica la imposición de las costas al profesional que ha utilizado una cláusula abusiva?

La imposición de las costas al profesional que ha utilizado una cláusula abusiva implica que éste debe pagar los gastos que ha ocasionado al consumidor por el proceso judicial, tales como los honorarios de los abogados, los procuradores, los peritos, etc.

La imposición de las costas al profesional tiene una doble finalidad: por un lado, compensar al consumidor por los gastos que ha tenido que soportar para defender sus derechos, y por otro lado, disuadir al profesional de utilizar cláusulas abusivas en sus contratos con los consumidores, al hacerle asumir las consecuencias económicas de su conducta.

La imposición de las costas al profesional que ha utilizado una cláusula abusiva es una medida que garantiza la efectividad de la protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas, que es un principio fundamental del Derecho de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que los Estados miembros deben asegurar que los consumidores no queden vinculados por las cláusulas abusivas, y que los profesionales no se beneficien de las ventajas que les han procurado dichas cláusulas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado que la imposición de las costas al profesional que ha utilizado una cláusula abusiva es una medida adecuada para lograr este objetivo, ya que evita que el consumidor se vea desincentivado de defenderse de la cláusula abusiva por el riesgo de tener que pagar las costas del proceso.

 

Conclusión

La sentencia del Tribunal Constitucional que ha reconocido el derecho a la imposición de las costas a la entidad financiera que promovió un procedimiento de ejecución hipotecaria basado en una cláusula abusiva es una buena noticia para los consumidores que se encuentran en esta situación, ya que les permite obtener una reparación por los gastos que les ha supuesto el proceso y una garantía de que se respeta el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea.

Esta sentencia también es un aviso para las entidades financieras que utilizan cláusulas abusivas en sus contratos con los consumidores, ya que les advierte de que tendrán que asumir las consecuencias económicas de su conducta, lo que debería disuadirles de seguir empleando dichas cláusulas.

Si usted se encuentra en una situación similar a la de los demandantes de amparo, no dude en contactar con Solvendi Abogados, el despacho de abogados especializado en la defensa de los derechos de los consumidores frente a las cláusulas abusivas de las entidades financieras.

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