¿Qué cambia el real decreto-ley 6/2023 en el proceso civil?

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Introducción

El pasado 20 de diciembre de 2023 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Esta norma, que entrará en vigor el 20 de marzo de 2024, introduce importantes modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad del servicio público de justicia.

En este artículo vamos a explicar las principales novedades que afectan al proceso civil, tanto en lo que se refiere a las normas generales como a los distintos tipos de procedimientos. Si quieres conocer en detalle todos los cambios que introduce el real decreto-ley 6/2023, te recomendamos que consultes el texto íntegro de la norma o el análisis que ha realizado el portal jurídico Iberley.

 

Normas generales

Entre las novedades que afectan a las normas generales del proceso civil, destacamos las siguientes:

  • Se establece la tramitación preferente en los procesos en los que intervengan personas mayores de 80 años y se les facilita la comparecencia en las vistas, permitiendo que lo hagan en las primeras horas de audiencia o en las últimas (artículos 7 bis y 183 LEC).
  • Se reconoce la legitimación para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura a las asociaciones y federaciones que los representen (artículo 11 quater LEC).
  • Se amplían las formas de apoderamiento de los procuradores, permitiendo que se otorgue por comparecencia electrónica a través de la sede judicial electrónica, además de ante notario o por comparecencia personal, ya sea presencial o por medios electrónicos, ante el letrado de la administración de justicia (artículo 24 LEC).
  • Se regula la reclamación de honorarios por abogados y procuradores, estableciendo que si las reclamaciones se dirigen contra persona física, el juez o jueza podrán examinar de oficio si existen cláusulas abusivas en el contrato firmado con el cliente. El auto por el que se decida la existencia o no de cláusula abusiva, será apelable en todo caso (artículos 34 y 35 LEC).
  • Se modifican los recursos contra la resolución sobre suspensión de las actuaciones por prejudicialidad penal, estableciendo que contra el auto que acuerde la suspensión se dará recurso de apelación y contra los autos dictados en apelación acordando o confirmando la suspensión no cabrá recurso alguno (antes cabía recurso extraordinario por infracción procesal, recurso que desaparece de la LEC) (artículo 41 LEC).
  • Se introduce la regulación de la cuestión prejudicial europea, disponiendo que el auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial (artículo 43 bis LEC).
  • Se amplía la posibilidad de acumulación de acciones, permitiendo que se acumule la acción para instar la liquidación del régimen económico matrimonial y la acción de división de la herencia en el caso de que la disolución del régimen económico matrimonial se haya producido como consecuencia del fallecimiento de uno o ambos cónyuges y haya identidad subjetiva entre los legitimados para intervenir en uno y otro procedimiento (artículo 73 LEC).

 

Procedimientos declarativos

En lo que respecta a los procedimientos declarativos, las novedades más relevantes son las siguientes:

  • Se eleva la cuantía de los juicios ordinarios y verbales, pasando de 6.000 euros a 15.000 euros el límite para que un proceso se tramite por el procedimiento verbal (artículos 249 y 250 LEC).
  • Se modifica el juicio verbal, simplificando su tramitación y reduciendo los plazos. Se suprime la audiencia previa y se establece que la contestación a la demanda se hará por escrito en el plazo de diez días desde la notificación de la demanda. Se elimina la posibilidad de formular reconvención y se limita la proposición de prueba a la demanda y a la contestación. Se fija un plazo máximo de dos meses desde la admisión de la demanda para la celebración de la vista (artículos 437 a 447 LEC).
  • Se introduce el juicio testigo, como un nuevo tipo de procedimiento declarativo especial, para aquellos casos en los que exista una pluralidad de demandas idénticas o sustancialmente iguales entre sí, derivadas de un mismo hecho o acto jurídico. Se trata de un mecanismo de concentración procesal que permite que se resuelva una sola demanda, elegida por sorteo, y que la sentencia que se dicte tenga efectos de cosa juzgada sobre las demás demandas, salvo que las partes se opongan expresamente. El juicio testigo se tramitará por las normas del juicio ordinario, con algunas especialidades (artículos 249 bis y 420 bis a 420 quinquies LEC).
  • Se reforma el juicio cambiario, introduciendo la posibilidad de que el demandado oponga la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo, siempre que se trate de un consumidor o usuario. En ese caso, el juez o jueza podrá examinar de oficio la abusividad de las cláusulas y, en su caso, declarar la improcedencia de la ejecución o la nulidad parcial del título, con los efectos que procedan. El auto que resuelva sobre la abusividad de las cláusulas será apelable en todo caso (artículos 819 a 827 LEC).

 

Procedimientos de ejecución

En cuanto a los procedimientos de ejecución, las principales novedades son las siguientes:

  • Se modifica el título ejecutivo, ampliando los supuestos en los que cabe la ejecución forzosa. Así, se incluyen como títulos ejecutivos las resoluciones administrativas firmes que impongan el pago de una cantidad líquida, los laudos arbitrales, los acuerdos de mediación, los documentos públicos que contengan obligaciones de pago de cantidad líquida, vencida y exigible, y los documentos privados que reúnan los requisitos del artículo 517.2 LEC (artículo 517 LEC).
  • Se regula la ejecución provisional de las sentencias dictadas en los juicios verbales, estableciendo que se podrá solicitar cuando la sentencia no sea firme y condene al pago de cantidad líquida o determine la cantidad que deba pagarse. El tribunal podrá acordar la ejecución provisional, previa prestación de caución por el ejecutante, y sin perjuicio de que el ejecutado pueda oponerse por los motivos previstos en el artículo 559 LEC (artículos 526 y 528 LEC).
  • Se introduce la subasta extrajudicial como una forma alternativa de realización de los bienes embargados en la ejecución, siempre que lo solicite el ejecutante y lo autorice el tribunal, previa audiencia del ejecutado y de los acreedores posteriores que se hayan personado. La subasta extrajudicial se llevará a cabo por un profesional independiente, designado por el ejecutante, que deberá cumplir los requisitos y las garantías que se establezcan reglamentariamente. El producto de la subasta se ingresará en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial y se aplicará al pago de la deuda ejecutada y de las costas (artículos 641 bis a 641 quáter LEC).
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