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El 11 de noviembre de 2025, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó las sentencias STS 1590/2025 y STS 1591/2025, poniendo fin —al menos por el momento— a la incertidumbre sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). Estas resoluciones, que unifican doctrina tras las sentencias del TJUE C-265/22 (13 de julio de 2023) y C-300/23 (12 de diciembre de 2024), ofrecen una interpretación estrictamente formalista de los controles de transparencia y abusividad, alineándose con una línea jurisprudencial conservadora que ya se perfilaba en la STS 595/2020. En un contexto donde miles de hipotecados han esperado justicia por cláusulas que han generado sobrecostes significativos, estas sentencias marcan un punto de inflexión, pero no en la dirección que muchos hubieran deseado. En Solvendi Abogados, nos comprometemos a analizar estos fallos con rigor, elegancia y honestidad, sin adornos ni promesas vacías, para que nuestros lectores comprendan plenamente sus implicaciones.
El contexto histórico y la expectativa generada
El IRPH, regulado inicialmente por la Orden de 5 de mayo de 1994 y sucesivas normas, ha sido un índice controvertido desde su implantación, aplicado en aproximadamente un millón de hipotecas españolas. Su diseño —que incorpora medias de tipos de interés de entidades bancarias, incluyendo comisiones— lo ha hecho consistentemente más caro que alternativas como el Euríbor, generando un perjuicio estimado en 1.000 a 2.000 euros anuales por hipoteca para muchos afectados. El TJUE, en sus pronunciamientos recientes, había abierto una ventana a la esperanza al exigir controles judiciales caso por caso, enfatizando la necesidad de transparencia real y la evaluación de abusividad en contratos de adhesión (Directiva 93/13/CEE). Sin embargo, el Supremo, en estas nuevas sentencias, opta por una lectura minimalista de esa doctrina, priorizando la estabilidad del sistema financiero sobre una protección más amplia al consumidor.
Un análisis detallado: cómo el Supremo restringe artificiosamente el alcance protector
Desde un punto de vista jurídico puro, estas sentencias se alinean con una tendencia conservadora del Tribunal Supremo en materia bancaria, como se evidencia en precedentes como la STS 595/2020 sobre el IRPH inicial. En ellas, el Supremo prioriza la «estabilidad contractual» prevista en el artículo 1091 del Código Civil, estableciendo umbrales elevados para los controles de transparencia y abusividad. Esto implica una interpretación que, en la práctica, hace casi imposible una nulidad generalizada de las cláusulas IRPH, limitando las reclamaciones a casos excepcionales que requieran prueba irrefutable de omisiones graves o desequilibrios significativos al momento de la contratación. Conceptos como la accesibilidad de la información a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) o la evaluación exclusiva al instante de la firma se desarrollan de forma que restringen el alcance protector de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas. Esta norma europea enfatiza la evaluación real del consumidor medio, pero el Supremo parece inclinarse por una lectura más formalista, que podría percibirse como una restricción artificial destinada a mitigar un impacto masivo en el sector financiero —estimado en miles de millones de euros—.
Para ilustrar esta restricción, examinemos las afirmaciones clave del Supremo y cómo parecen «dar vueltas» a la doctrina europea:
- La accesibilidad del BOE como umbral de transparencia: El Tribunal sostiene que la mera publicación del IRPH en el BOE, junto con una remisión genérica a la Circular 5/1994 del Banco de España, basta para cumplir el estándar de transparencia (art. 5 de la Directiva 93/13/CEE). Esta interpretación ignora que el consumidor medio —no un experto jurídico— rara vez consulta el BOE de forma proactiva, ni comprende la compleja fórmula matemática del índice ni sus implicaciones económicas reales, como el «inflado» inherente por inclusión de comisiones bancarias. El TJUE, en la STJUE C-300/23, enfatiza una «comprensibilidad real» que vaya más allá de formalismos, pero el Supremo reduce esto a una accesibilidad teórica, elevando el listón para declarar falta de transparencia y bloqueando así el paso al control de abusividad en la mayoría de casos. Además de lo anterior, la citada Circular era dirigida por el Banco de España a las entidades financieras -no para el consumidor ni público en general- y no fue hasta años más tarde que pudo ser consultada de forma online. Pero es más, el propio art. 80 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece expresamente como requisito de cualquier cláusula que esté redactada «sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato«. Lo establecido y razonado por el Tribunal Supremo incumple deliberadamente esta norma.
- La evaluación exclusiva al momento de la contratación: Otra torsión notable es la exclusión absoluta de cualquier análisis sobre la evolución posterior del IRPH. El Supremo exige que el desequilibrio sea «importante» -estableciendo así un nuevo concepto jurídico indeterminado- y concurrente con mala fe precisamente en el instante de la firma, comparando la TAE efectiva con tipos medios del mercado del día exacto (datos del Banco de España o INE). Esto descarta 15 años de evidencia empírica donde el IRPH ha superado sistemáticamente al Euríbor en 2-3 puntos porcentuales, generando sobrecostes acumulados. El TJUE permite una evaluación holística del perjuicio al consumidor, pero el Supremo la confina a un «fotograma inicial», lo que en la práctica exonera a las entidades de responsabilidad por el impacto a largo plazo.
- La reinterpretación del «consumidor medio razonablemente atento»: El estándar europeo del consumidor medio se endurece artificialmente, ahora debe ser proactivo en buscar y comprender información oficial, incluso si el banco no la facilitó de forma clara y accesible. Esto invierte de facto la carga probatoria —pese a que el TJUE insiste en que corresponde al profesional demostrar la transparencia— exigiendo al consumidor pruebas documentales y periciales complejas, como comparativas detalladas de TAE. En contextos donde los contratos son de adhesión, esta exigencia parece diseñada para desincentivar litigios, protegiendo implícitamente el statu quo bancario.
- La carga probatoria invertida de facto: Aunque el TJUE (SSTJUE C-265/22) subraya que la entidad debe probar activamente la transparencia, el Supremo impone al consumidor la obligación de demostrar omisiones o desequilibrios con evidencia «irrefutable». Esto incluye peritajes sobre datos históricos del Banco de España, lo que complica el acceso a la justicia para el ciudadano medio y favorece a las entidades con mayores recursos.
Legalmente vinculantes, estas sentencias invitan a una reflexión sobre si el equilibrio entre seguridad jurídica y equidad se ha inclinado excesivamente hacia el primero.
Implicaciones prácticas para los afectados y el sector
Para los afectados —más de un millón de hipotecados que han pagado intereses excesivos—, el panorama inicial parece adverso y, en el sector bancario, estas sentencias proporcionan certidumbre, reforzando la validez de cláusulas que cumplen mínimos formales.
Sin embargo, es probable que se abra la puerta a nuevas cuestiones prejudiciales ante el TJUE que logren aún todavía más cerrar el cerco a un Tribunal Supremo entregado a la banca.
En Solvendi Abogados lamentamos el impacto restrictivo de estas resoluciones y estamos ya solicitando la elevación de nuevas cuestiones prejudiciales buscando el amparo de la jurisprudencia comunitaria.
Si tu hipoteca está referenciada al IRPH y deseas una evaluación realista —sin falsas expectativas—, contáctanos para una revisión gratuita. Llámanos al 900 831 282 o envíanos un email a info@solvendiabogados.com.
La justicia, aunque compleja, merece ser perseguida con integridad.
