Las soluciones para una empresa en insolvencia en España son tres: planes de reestructuración (preconcursal), concurso de acreedores o liquidación, esta última incluyendo el procedimiento especial para microempresas cuando corresponda por tamaño. La vía correcta depende de un único factor: si la empresa es viable o no. Si todavía puede generar caja con algunos ajustes, la reestructuración preconcursal es casi siempre la mejor opción. Si la actividad ya no tiene recorrido, hay que encaminarse hacia una liquidación ordenada, judicial o voluntaria, antes de que el deterioro sea mayor.
El plazo legal pesa más de lo que la mayoría de empresarios cree. El Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), reformado por la Ley 16/2022, obliga a solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a conocer el estado de insolvencia actual. Ese reloj no espera a que se agoten las alternativas informales con los bancos o los proveedores.
Antes de tomar cualquier decisión, reúna estos documentos: las últimas cuentas anuales, un listado actualizado de acreedores con importes y vencimientos, los certificados de deudas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, y los contratos laborales vigentes. Con esa información en la mano, un abogado especializado en derecho concursal puede decirle en una primera consulta si su empresa tiene margen para un plan de reestructuración o si el concurso ya es inevitable.
Los pasos inmediatos que debe dar esta misma semana son:
- Calcular con precisión el pasivo exigible y el activo realizable, sin maquillar cifras.
- Verificar si su empresa entra en los umbrales del procedimiento especial para microempresas.
- Congelar pagos discrecionales y priorizar nóminas y obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
- Pedir una consulta con un despacho especializado en insolvencia empresarial antes de que venza el plazo de dos meses.
Consejo profesional: hable con sus principales acreedores antes de que ellos hablen entre sí. Una empresa que se anticipa y explica su situación con cifras suele obtener mejores condiciones de espera que una que espera a recibir el primer requerimiento judicial.
Tabla de contenidos
- Panorama general de las soluciones legales frente a la insolvencia
- Planes de reestructuración: la primera opción antes de pensar en el concurso
- Concurso de acreedores: fases, plazos y quién decide qué
- Procedimiento especial para microempresas: cuándo aplica y cómo funciona
- Liquidación voluntaria o concurso: cómo decidir
- Checklist práctica: documentos y pasos en las primeras semanas
- Cuánto cuesta y cuánto tarda cada vía
- Cuándo pedir ayuda profesional y qué preguntar
- Qué hace un despacho especializado en cada fase del proceso
- Por qué la mayoría de empresas llega tarde al preconcurso
- Cómo puede ayudar Solvendi Abogados en un proceso de insolvencia
- Puntos clave que recordar
- Fuentes
- Preguntas frecuentes
Panorama general de las soluciones legales frente a la insolvencia
España distingue tres grados de insolvencia que determinan qué puede hacer una empresa: insolvencia actual (ya no puede pagar sus deudas exigibles), insolvencia inminente (prevé que no podrá pagar en los próximos tres meses) e insolvencia probable, un concepto introducido por la reforma de 2022 que anticipa el problema a un horizonte de dos años. Cuanto antes se detecta el grado, más opciones quedan sobre la mesa.
El sistema concursal español se divide en dos grandes bloques. El preconcursal agrupa las herramientas para negociar con acreedores antes de acudir a un juzgado: los planes de reestructuración y los acuerdos extrajudiciales de pagos. El concursal engloba el concurso de acreedores propiamente dicho y, para empresas muy pequeñas, el procedimiento especial para microempresas, que sustituye al concurso ordinario cuando se cumplen ciertos umbrales.
La reforma introducida por la Ley 16/2022 sitúa los planes de reestructuración como el eje del nuevo modelo, sustituyendo a los antiguos acuerdos de refinanciación homologados y facilitando que las empresas negocien quitas, esperas o capitalizaciones de deuda sin necesidad de declarar el concurso, según recoge la Administración pública.
Las instituciones que intervienen en todo este recorrido son siempre las mismas: el Juzgado Mercantil resuelve las cuestiones concursales, el Registro Mercantil recibe las inscripciones societarias derivadas de la disolución o el concurso, la Agencia Tributaria (AEAT) gestiona las deudas tributarias y sus aplazamientos, y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tramita las bajas de trabajadores y las deudas de cotización. Conocer qué papel juega cada una evita sorpresas cuando llegan las primeras notificaciones.
- Plan de reestructuración: negociación preconcursal con acreedores, homologable judicialmente.
- Acuerdo extrajudicial de pagos: mediación con un mediador concursal, pensado sobre todo para autónomos y empresas muy pequeñas.
- Procedimiento especial para microempresas: vía simplificada obligatoria por tamaño, con dos itinerarios posibles.
- Concurso de acreedores: procedimiento judicial ordinario, con fase de convenio o de liquidación.
- Liquidación voluntaria: disolución societaria ordenada fuera del ámbito concursal, solo viable si la empresa aún puede pagar todas sus deudas.
Planes de reestructuración: la primera opción antes de pensar en el concurso
Un plan de reestructuración es un acuerdo negociado con los acreedores para modificar la estructura de deuda de la empresa sin pasar por un concurso. Su objetivo es concreto: evitar la insolvencia actual, mantener la actividad y conservar el empleo, algo que rara vez consigue un concurso ya declarado. La reforma de 2022 lo diseñó precisamente para intervenir antes, cuando todavía hay margen de maniobra.
Estos planes pueden incluir varias medidas, combinadas o por separado: quitas sobre el importe adeudado, esperas que amplían los plazos de pago, capitalización de deuda (convertir pasivo en participaciones de la empresa), daciones en pago de activos, venta de unidades productivas completas, o la modificación de garantías existentes. La elección depende de la naturaleza del pasivo y de qué está dispuesto a aceptar cada acreedor.
Para iniciar este procedimiento no hace falta esperar a estar en insolvencia actual. Basta con acreditar una probabilidad de insolvencia en un horizonte de dos años, lo que en la práctica significa que empresas todavía solventes pero con perspectivas de deterioro pueden anticiparse. Puede iniciarlo el propio deudor o, en determinados supuestos, acreedores que representen una parte relevante del pasivo.
El proceso sigue, a grandes rasgos, esta secuencia:
- Diagnóstico financiero y elaboración de una propuesta de plan con el asesoramiento de un abogado y, en muchos casos, un experto en reestructuraciones.
- Negociación directa con los acreedores afectados, normalmente agrupados por clases según la naturaleza de su crédito.
- Formación de mayorías suficientes dentro de cada clase para dar por aprobado el plan.
- Solicitud de homologación judicial ante el Juzgado Mercantil, que revisa la viabilidad del plan y el trato paritario entre acreedores de una misma clase.
- Ejecución del plan una vez homologado, con seguimiento de los compromisos asumidos.
Las guías especializadas en insolvencia empresarial coinciden en algo que muchos empresarios descubren tarde: el preconcurso funciona mejor cuanto antes se activa, porque la flexibilidad para negociar quitas y esperas se reduce a medida que el pasivo crece y los acreedores pierden confianza.
Antes de sentarse a negociar, prepare esta documentación: cuentas anuales de los últimos tres ejercicios, proyección de tesorería a doce meses, relación detallada de acreedores por orden de importe, y un plan de viabilidad que explique cómo la empresa generará caja tras el acuerdo. Sin ese plan de viabilidad, ningún acreedor relevante firmará nada.
Concurso de acreedores: fases, plazos y quién decide qué
El concurso de acreedores es obligatorio cuando la empresa está en insolvencia actual y no existe alternativa preconcursal viable. El TRLC obliga al deudor a solicitarlo dentro de los dos meses siguientes a conocer esa insolvencia, un plazo que los administradores no pueden dejar correr sin consecuencias legales para ellos mismos.
El procedimiento avanza en fases claramente delimitadas:
- Solicitud y auto de apertura: el juzgado admite la solicitud y nombra a un administrador concursal, que a partir de ese momento supervisa o sustituye las facultades de gestión del deudor, según el caso.
- Fase común: se elabora el inventario de bienes y derechos (masa activa) y la lista de acreedores (masa pasiva), clasificando los créditos en privilegiados, ordinarios y subordinados.
- Fase de convenio o de liquidación: si hay viabilidad, se negocia un convenio con los acreedores; si no la hay, se abre la liquidación de los activos para satisfacer las deudas según el orden legal de prelación.
- Conclusión del concurso: se cierra tras el cumplimiento del convenio, la liquidación completa, o por insuficiencia de masa activa.
El administrador concursal y el juez mercantil son los dos actores centrales de todo el proceso: uno gestiona o supervisa el patrimonio y verifica los créditos, el otro resuelve los incidentes y homologa las decisiones clave, según describe el Portal Europeo de e-Justicia sobre los procedimientos de insolvencia en la Unión Europea.
Declarado el concurso, se suspenden las ejecuciones individuales de deudas contra la empresa: ningún acreedor puede embargar bienes por su cuenta al margen del procedimiento. Los contratos laborales pueden verse afectados mediante expedientes de regulación de empleo tramitados dentro del propio concurso, y las deudas con Hacienda y la Seguridad Social se incorporan a la masa pasiva con el rango de crédito privilegiado que les corresponde.
El riesgo que más subestiman los administradores de sociedades es el personal. Si se retrasa la solicitud del concurso más allá del plazo legal, o si se agrava la insolvencia por negligencia manifiesta, el concurso puede calificarse como culpable. Eso abre la puerta a que el juez extienda la responsabilidad por las deudas sociales al patrimonio personal de los administradores, además de posibles inhabilitaciones para administrar empresas durante varios años.
Un concurso bien gestionado desde el primer día minimiza estos riesgos. Nuestra guía completa sobre el concurso de acreedores desarrolla con más detalle cada fase y los documentos que exige el juzgado en cada momento.
Procedimiento especial para microempresas: cuándo aplica y cómo funciona
El procedimiento especial para microempresas es obligatorio, no opcional, cuando la empresa cumple los umbrales que marca la ley: menos de diez empleados y, además, un volumen de negocio inferior a 700.000 € o un pasivo inferior a 350.000 €. Si su empresa encaja en esos números, no puede acudir al concurso ordinario. Debe tramitar este procedimiento simplificado, según confirma la Agencia Tributaria.
Dentro de este procedimiento existen dos itinerarios completamente distintos:
| Itinerario | Objetivo | Condicionante clave |
|---|---|---|
| Continuación (plan de continuación) | Mantener la actividad mediante un plan pactado con acreedores | Requiere viabilidad demostrable y apoyo suficiente de acreedores |
| Liquidación | Cerrar la empresa de forma ordenada y repartir el activo | Se impone cuando no hay viabilidad o cuando el crédito público supera ciertos umbrales |
La regla que sorprende a muchos empresarios es la del crédito público. Si aproximadamente el 85 % de los créditos son de naturaleza pública (Hacienda y Seguridad Social, principalmente), la ley limita de facto la vía de continuación y encamina el procedimiento hacia la liquidación, tal como detalla la propia Agencia Tributaria. En la práctica, esto significa que las quitas y esperas sobre deuda tributaria y de cotización tienen un margen mucho más estrecho que las que se pueden pactar con un banco o un proveedor.
Los plazos también son más ajustados que en un concurso ordinario. Las operaciones de liquidación deben ejecutarse en un plazo breve, con posibilidad de una prórroga adicional limitada. Si su empresa ya ha recibido un requerimiento de apremio por deudas públicas impagadas, el reloj para solicitar el procedimiento especial empieza a correr desde ese momento, no desde que usted decida actuar.
Una microempresa de hostelería con seis trabajadores y deudas mayoritariamente con proveedores y un banco, por ejemplo, puede optar razonablemente por la vía de continuación si demuestra que el negocio genera caja suficiente tras renegociar plazos. Una microempresa con deudas concentradas en Hacienda y la Seguridad Social, en cambio, difícilmente evitará la liquidación por la vía especial.
Liquidación voluntaria o concurso: cómo decidir
La liquidación voluntaria solo es una opción legal si la empresa todavía puede pagar la totalidad de sus deudas con el activo disponible. Si no puede, la ley exige acudir al concurso, y disolver voluntariamente en ese escenario puede acabar calificándose como agravante de responsabilidad para los administradores.
Liquidar voluntariamente implica un acuerdo de disolución en junta, el nombramiento de liquidadores, la inscripción de la disolución en el Registro Mercantil, la liquidación de impuestos como el ITP y AJD sobre las operaciones societarias, y finalmente la extinción y cancelación registral de la sociedad, según el proceso que describe la Administración pública. Es un proceso ordenado, sin intervención judicial permanente, siempre que no aparezcan acreedores no satisfechos por el camino.
| Criterio | Liquidación voluntaria | Concurso de acreedores |
|---|---|---|
| Requisito previo | Activo suficiente para pagar todas las deudas | Insolvencia actual o inminente |
| Intervención judicial | Mínima, salvo conflicto | Constante, con administrador concursal |
| Duración típica | Meses, según complejidad societaria | De varios meses a más de un año |
| Riesgo personal para administradores | Bajo si se actúa con activo suficiente | Alto si hay retraso o mala gestión probada |
| Efecto sobre empleados | Extinción de contratos por cierre | Puede tramitarse vía expediente dentro del concurso |
Consejo profesional: si detecta que el activo todavía cubre el pasivo pero la actividad ya no es viable, no espere a que la cifra se invierta. Anticipar una liquidación voluntaria mientras el balance es positivo conserva mucho más valor, y mucha más tranquilidad legal, que dejar que la situación se deteriore hasta forzar un concurso.
Checklist práctica: documentos y pasos en las primeras semanas
Antes de reunirse con un abogado, tenga preparados estos documentos: cuentas anuales de los últimos ejercicios, un libro actualizado de acreedores con importes y vencimientos, extractos bancarios recientes, todos los contratos laborales vigentes, y los certificados de deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Sin esta base documental, cualquier diagnóstico legal será incompleto.
El orden de actuación importa tanto como la documentación en sí:
- Audite la caja real disponible, no la caja proyectada en el presupuesto.
- Comunique la situación a los acreedores principales antes de que dejen de cobrar sin explicación.
- Convoque al órgano de administración si la sociedad lo exige estatutariamente, dejando constancia por escrito de la decisión adoptada.
- Determine si su empresa entra en los umbrales del procedimiento especial para microempresas.
- Solicite el procedimiento que corresponda, preconcursal o concursal, dentro de los plazos legales.
Con la decisión tomada, el calendario formal empieza a correr en paralelo en tres frentes: el registral (inscripción de acuerdos societarios en el Registro Mercantil), el fiscal (comunicaciones y aplazamientos ante la Agencia Tributaria) y el laboral (bajas y comunicaciones ante la TGSS). Nuestro artículo sobre obligaciones contables y fiscales para pymes y autónomos amplía qué exige la Administración en cada uno de estos frentes.
- Guarde por escrito toda comunicación con acreedores, incluidos correos y actas de reuniones.
- Fotografíe o escanee documentación física antes de que se pierda o se destruya por error.
- No pague preferentemente a un acreedor sobre otros sin asesoramiento legal, puede constituir un acto rescindible.
Consejo profesional: cree desde el primer día una carpeta cronológica con cada negociación, cada oferta y cada respuesta de los acreedores. Si el proceso acaba en concurso, esa trazabilidad es lo primero que pedirá el administrador concursal para verificar que actuó de buena fe.
Cuánto cuesta y cuánto tarda cada vía
| Vía | Duración típica | Coste aproximado | Quién cobra |
|---|---|---|---|
| Plan de reestructuración | Semanas a pocos meses | Honorarios de asesoría legal y financiera, variables según complejidad | Abogado, asesor financiero |
| Concurso con convenio | Entre 1 y 2 años de media | Honorarios legales, retribución del administrador concursal, tasas judiciales | Abogado, administrador concursal, juzgado |
| Procedimiento especial para microempresas | Meses, con liquidación ejecutable en 3 meses prorrogables a 4 | Honorarios legales, más reducidos por la simplificación procesal | Abogado, gestor del procedimiento |
| Liquidación voluntaria | Meses, según complejidad societaria | Notaría, Registro Mercantil, asesoría fiscal | Notario, registrador, asesor fiscal |
| Liquidación concursal | De varios meses a un año, según activos | Honorarios del administrador concursal, costes de subasta de activos | Administrador concursal, subastador |
Estas cifras son orientativas y dependen enormemente del caso concreto: el número de acreedores, si hay litigios paralelos, o si existen activos complejos de valorar y vender. Pida siempre un presupuesto desglosado por fases antes de contratar cualquier servicio legal, y desconfíe de quien le dé una cifra cerrada sin haber revisado su documentación.
- Compare al menos dos presupuestos antes de decidir quién le representa.
- Pregunte qué parte del honorario es fija y qué parte depende del resultado obtenido.
- Verifique si el despacho incluye la negociación previa con acreedores dentro del mismo presupuesto o la factura aparte.
Cuándo pedir ayuda profesional y qué preguntar
Hay señales que no admiten espera: pérdidas sostenidas durante varios trimestres consecutivos, incapacidad para pagar nóminas o impuestos en la fecha exigida, retirada de líneas de crédito por parte de los bancos, o proveedores que empiezan a exigir pago por adelantado. Cualquiera de estas señales, por separado, ya justifica una consulta legal. Varias juntas significan que el plazo legal de dos meses probablemente ya está corriendo.
En la primera consulta con un abogado, estas preguntas marcan la diferencia entre un despacho preparado y uno genérico:
- ¿Cuántos concursos o planes de reestructuración ha tramitado en los últimos años?
- ¿Cómo estructura los honorarios: tarifa fija, éxito, o una combinación de ambas?
- ¿Qué plazo estima para tener un diagnóstico claro de mi situación?
- ¿Puede representarme también ante Hacienda y la Seguridad Social si hace falta negociar aplazamientos?
- ¿Qué documentación necesita de mí antes de la primera reunión?
Lleve a esa consulta las cuentas anuales, el listado de acreedores y los certificados de deuda pública que mencionamos antes. Un buen asesor le dará, en la primera o segunda reunión, una valoración honesta sobre si su empresa es viable o no, porque esa es la pregunta que condiciona todo lo demás. Si necesita representación en un concurso de acreedores, nuestro equipo en Galicia atiende consultas también como abogados especializados en concurso de acreedores en A Coruña.
Qué hace un despacho especializado en cada fase del proceso
Un despacho especializado en insolvencia empresarial no se limita a rellenar formularios judiciales. El trabajo empieza con un diagnóstico financiero y legal conjunto: cifras reales de caja, clasificación del pasivo por tipo de acreedor, y una primera valoración de si la empresa tiene margen para un plan de reestructuración o si el concurso ya es la única salida.
A partir de ahí, el despacho negocia directamente con los acreedores principales, redacta el plan o la propuesta de convenio, presenta la solicitud de homologación ante el Juzgado Mercantil cuando corresponde, y representa a la empresa durante toda la tramitación del concurso si finalmente es la vía elegida. En los casos de liquidación, coordina también los trámites registrales y fiscales para cerrar la sociedad sin dejar cabos sueltos que puedan derivar en responsabilidad personal para los administradores.
La experiencia acumulada en litigios financieros complejos, como las reclamaciones que consiguen la nulidad de comisiones bancarias abusivas, es la misma que se aplica al negociar con entidades financieras dentro de un plan de reestructuración: conocer a fondo cómo razona un banco acelera los acuerdos.
Un proceso típico avanza así: primera consulta gratuita y revisión documental, diagnóstico en pocos días sobre viabilidad, negociación con los acreedores identificados como prioritarios, redacción del plan o de la solicitud de concurso, y representación hasta la firma del convenio o el cierre ordenado del expediente. Casos similares de reclamaciones financieras, como la anulación de préstamos rápidos por usura, muestran el mismo patrón de trabajo: cifras claras primero, negociación firme después.
Consejo profesional: desconfíe de un despacho que solo ofrece tarifa fija sin margen de éxito, o solo éxito sin ningún compromiso inicial. Una combinación de ambas suele alinear mejor los incentivos: el despacho cobra algo por el trabajo de diagnóstico y negociación, y una parte adicional si el resultado final protege realmente su patrimonio o su empleo.
Por qué la mayoría de empresas llega tarde al preconcurso
La ley española lleva desde 2022 empujando a las empresas hacia la reestructuración temprana, pero la mayoría sigue actuando como si el concurso fuera la única puerta. Esa costumbre viene de antes de la reforma, cuando los acuerdos de refinanciación homologados eran engorrosos y poco usados. El marco actual es distinto, y tratarlo como una simple antesala del concurso es un error de cálculo que sale caro.
Lo que de verdad separa a las empresas que se salvan de las que no es la velocidad de reacción, no el tamaño del pasivo. He visto (y esto lo confirma la experiencia acumulada del sector) que empresas con deudas relativamente modestas terminan liquidadas por esperar seis meses de más, mientras que otras con pasivos mucho mayores logran un plan de reestructuración viable porque actuaron en cuanto detectaron el problema. El diagnóstico temprano, apoyado en controles financieros continuos, no es un lujo de empresas grandes con departamento financiero propio. Es la diferencia entre negociar desde una posición de fuerza o desde el pánico.
El otro error habitual es tratar a todos los acreedores por igual desde el primer día. No lo son. Un banco con garantías reales negocia de forma distinta a un proveedor sin garantías, y Hacienda no negocia como ninguno de los dos. Entender esa jerarquía antes de sentarse a hablar, y no después, es lo que separa un plan de reestructuración bien construido de una negociación que se alarga sin llegar a ningún sitio. La reforma del TRLC les dio a las empresas españolas una herramienta potente. El problema nunca ha sido la ley: es que casi nadie la usa a tiempo.
Cómo puede ayudar Solvendi Abogados en un proceso de insolvencia
Si ya ha identificado que su empresa atraviesa dificultades de pago, el siguiente paso no es esperar a ver si la situación mejora sola. Solvendi Abogados combina abogados y economistas en un mismo equipo para analizar su caso desde el primer día con cifras reales, no solo con teoría legal, algo que marca la diferencia cuando hay que decidir entre un plan de reestructuración, el procedimiento especial para microempresas o un concurso ordinario.
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Puntos clave que recordar
La reforma del TRLC por la Ley 16/2022 convierte los planes de reestructuración en la primera opción real para una empresa viable, mientras que el concurso y la liquidación quedan reservados para cuando esa viabilidad ya no existe.
| Punto | Detalles |
|---|---|
| Actuar dentro de plazo | La ley obliga a solicitar el concurso en los dos meses siguientes a conocer la insolvencia actual. |
| Priorizar la vía preconcursal | Un plan de reestructuración exige solo probabilidad de insolvencia a dos años, no insolvencia ya declarada. |
| Verificar umbrales de microempresa | Umbrales legales de empleados, volumen de negocio y pasivo determinan el procedimiento especial. |
| Documentar todo desde el inicio | Cuentas anuales, listado de acreedores y certificados de deuda pública son imprescindibles en cualquier consulta legal. |
| Buscar apoyo especializado a tiempo | Solvendi Abogados ofrece un análisis gratuito inicial para determinar si conviene reestructurar, tramitar el procedimiento especial o iniciar un concurso. |
Fuentes
- Procedimientos de insolvencia y liquidación de sociedades – Administración pública
- Agencia Tributaria: Procedimiento especial para microempresas
- Insolvencia y quiebra | Portal Europeo de e-Justicia
Esta información es general y no sustituye el asesoramiento de un abogado especializado que revise las circunstancias concretas de su empresa: consulte siempre el texto legal vigente y busque orientación profesional antes de tomar decisiones.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la primera opción legal ante una insolvencia empresarial?
Si la empresa es viable, el plan de reestructuración preconcursal suele ser la mejor opción, porque permite negociar quitas y esperas antes de que la situación derive en concurso.
¿Cuánto tiempo tengo para solicitar el concurso de acreedores?
El TRLC obliga a solicitarlo dentro de los dos meses siguientes a conocer el estado de insolvencia actual de la empresa.
¿Qué empresas deben usar el procedimiento especial para microempresas?
¿Puedo liquidar mi empresa sin pasar por un concurso?
Solo si el activo disponible cubre la totalidad del pasivo; si no es así, la ley exige acudir al concurso de acreedores en lugar de una liquidación voluntaria.
¿Qué pasa con los administradores si se retrasa la solicitud del concurso?
El concurso puede calificarse como culpable, y el juez puede extender la responsabilidad por las deudas sociales al patrimonio personal de los administradores.
¿Cómo puede ayudarme un despacho como Solvendi Abogados?
Ofrece un análisis gratuito de la situación financiera y legal de la empresa, negocia con los acreedores principales y tramita el procedimiento que corresponda, desde la reestructuración hasta el concurso.
